Alberto Rojo, delegado de la Junta, junto a Aurelia Jerez, portavoz de la Plataforma en defensa de la Dependencia en Guadalajara. Foto: JCCM
De momento, ha sido sólo un gesto. Pero un gesto relevante. El nuevo delegado provincial de la Junta, Alberto Rojo, decidió que su primera reunión oficial después de tomar posesión fuera con la portavoz de la Plataforma en defensa de la Ley de la Dependencia en Guadalajara, Aurelia Jerez, luchadora infatigable de esta causa. “Desde el Gobierno regional vamos a trabajar con la Plataforma de manera coordinada para establecer una normativa que permita la aplicación real y efectiva de la Ley de Dependencia”, sostuvo Rojo en una declaración de intenciones convertida en compromiso político central. La legislatura que acaba de arrancar, de manera indefectible, estará marcada por la reconstrucción de la arquitectura en la que se sustenta el Estado del Bienestar: sanidad, educación y, por supuesto, la dependencia.
El nuevo presidente regional, Emiliano García-Page, se comprometió en su discurso de investidura a “dar un vuelco” en la gestión de la dependencia. Su primera medida ha consistido en retirar el recurso de casación presentado por el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la región que declaraba nula la normativa de 2013 por la que se regulaba el sistema de dependencia. Es un comienzo que, en principio, preludia un cambio de calado en las políticas de bienestar social en Castilla-La Mancha.
El desmantelamiento progresivo de la dependencia fue uno de los objetivos prioritarios marcados por el anterior Ejecutivo regional. Tanto Cospedal como su consejero de Sanidad, Echániz, se fajaron a la hora de desmontar la tramoya administrativa y la disposición de recursos que había establecido el Gobierno de Barreda. Lo hizo con el subterfugio de reducir el déficit público, sin menoscabo del daño infligido al colectivo afectado y sin reparar en que el gasto en la dependencia no es multimillonario, sino más bien ajustado y modesto. Les invito a repasar las fotos y los testimonios agrupados en la exposición Luchando por la dignidad para comprobar la crueldad que supone meter la tijera en este capítulo.
Zapatero promovió la dependencia en 2006 como cuarto pilar del Estado del Bienestar, pero la financiación dependía de las comunidades autónomas en función del reparto competencial. Castilla-La Mancha era en 2011 la segunda autonomía que mejor aplicaba la Ley de la Dependencia, por detrás de Castilla y León, según el Observatorio nacional del ramo. No es raro que las dos Castillas lideraran esta clasificación, teniendo en cuenta su dispersión geográfica y el envejecimiento de la población. Lo raro es que, a diferencia del PP castellano-leonés, Cospedal decidiera dar carpetazo limpio a estas ayudas mediante dos aviesos instrumentos: dificultando el acceso a las subvenciones y recortando los fondos destinados. El cambio del baremo, la desaparición de los niveles y el copago han sido elementos letales para reducir el número de beneficiarios.
Actualmente, en Castilla-La Mancha hay casi 9.200 personas reconocidas como dependientes en diversos grados, junto a las 4.474 personas que están pendientes de ser valorada su dependencia. Además, otras 5.900 personas pertenecen al grado I de dependencia. Según el PSOE, desde 2011 se han tramitado 11.000 expedientes menos, 15.000 familias han perdido su derecho a una prestación o derecho y hay 10.000 cuidadores familiares de dependientes menos cotizando a la Seguridad Social.
El hachazo asestado a la dependencia se enmarca en un deterioro general de las políticas sociales. Un informe del Colegio de Trabajo Social de Castilla-La Mancha cifró en más de 1.000 millones de euros los recortes llevados a cabo por Cospedal en esta partida en la anterior legislatura, provocando la pérdida de más de 20.000 empleos y un ajuste medio que oscila entre el 25% y el 50%.
El programa electoral del PSOE para las recientes autonómicas fijaba el objetivo final de recuperar el nivel de aplicación de la dependencia que Castilla-La Mancha registraba hace cuatro años. El programa no cifraba la implementación de recursos que será necesaria, pero sí establecía el compromiso de tramitar los expedientes acumulados de dependencia “en el plazo de un año”, además de auditar las prestaciones y atender todas las solicitudes en un máximo de seis meses.
Los socialistas castellano-manchegos también llevaron a su programa la necesidad de implantar un programa de formación para cuidadores y la revisión del incremento del copago, de tal manera que la aportación de las personas usuarios quedará regulada “en función de su capacidad económica”. Es decir, de lo que se trata es que nadie tenga que renunciar a una prestación por considerar su aportación económica demasiado gravosa, que es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años.
Los primeros pasos del Gobierno de Page –comedores escolares en verano, no aplicación de la Lomce, reapertura de escuelas rurales- revelan una planificación estratégica en la que la dependencia debe convertirse en un pilar central, a no ser que la izquierda en Castilla-La Mancha quiera decepcionar a su parroquia antes de tiempo. El pacto socialista con Podemos fue relativamente fácil porque su meta no consiste en construir nada nuevo ni heterogéneo, sino en recuperar lo perdido sin descuadrar las cuentas públicas. Tan fácil. Y tan difícil. A Page le ha llegado la hora de pasar de la poesía a la prosa.