Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. Foto: JCCM
No ha transcurrido ni un mes desde su toma de posesión, pero el presidente de Castilla-La Mancha ha arrancado la legislatura con una virulencia política diría que inédita en una tierra en la que nunca parece pasar nada, y si pasa, suele ser con una lentitud a prueba de paciencias franciscanas.
Emiliano García-Page ha invertido 24 días en extender los comedores escolares en verano; reabrir 19 escuelas rurales; anunciar que la Lomce no se aplicará el próximo curso; retirar el recurso presentado por Cospedal a la sentencia del TSJCM que anulaba la norma de la dependencia; presentar un plan de choque para las Urgencias y la gestión de camas; anunciar que el Gobierno regional volverá a recurrir los trasvases a la Justicia; incorporar el Instituto de la Mujer al Consejo de Gobierno; reducir un 10% el número de altos cargos en la Administración; comprometer para septiembre una declaración institucional para declarar a Castilla-La Mancha zona “libre de fracking”; y bloquear la adjudicación del almacén nuclear en Villar de Cañas (Cuenca), a menos de 100 kilómetros del límite con Guadalajara.
No es poca cosa, aunque el corolario, siguiendo su hoja de ruta de campaña, tendría que haber sido la destitución de Nacho Villa como director general de Radio TV Castilla-La Mancha. La defensa numantina que el PP está haciendo de su vasallo en el Consejo del ente público aún lo ha impedido, pero es cuestión de tiempo. Desterrar la pornografía informativa en RTVCM es, además de una promesa electoral tanto de Page como de quienes le apoyan (Podemos), un imperativo de higiene democrática.
Alejado del vedetismo de algunos representantes de la nueva política, Page ha exhibido un músculo político que demuestra que sin una estrategia definida y sin dosificar los objetivos, difícilmente se puede ejecutar ningún proyecto político. Con su visita a Alcoroches la semana pasada, con motivo de la recuperación de su aula escolar, también quiso enviar un mensaje inequívoco a la hora de distanciarse del estilo de su antecesora, acostumbrada a viajar (aunque más bien poco) por la región con un cordón kilométrico de guardias civiles.
La extensión de los comedores en verano es una medida aplicada por otras comunidades y ayuntamientos, y supone un espaldarazo a una política social que sitúe en el centro la lucha contra la pobreza infantil. Esta legislatura, si se cumple el acuerdo entre el PSOE y Podemos, está llamada a convertir la sanidad y la educación en las palancas del cambio político materializado el pasado 24 de mayo.
La rebelión ante la Lomce, junto a otras nueve comunidades autónomas, y la decisión enérgica, rápida, de reabrir las escuelas rurales, han sido dos aldabonazos contundentes que deberán completarse con otra serie de medidas como la recuperación de los niveles de empleo en el profesorado de 2011 o el aumento en la dotación de recursos. Otro tanto ocurre en la sanidad. La derrota del PP disipó las dudas sobre un posible plan privatizador de hospitales. Al nuevo Gobierno le espera una tarea ingente: recuperar los proyectos varados en Guadalajara y Toledo, mejorar el ratio de camas por paciente, liberar las Urgencias y estabilizar el servicio de ambulancias, pasto de contratas que ahogan al empleado y dañan la atención al ciudadano.
Page tiene también por delante una labor colosal para recuperar los niveles de antaño en lo que se refiere a la aplicación de la ley de dependencia, tal como explicamos recientemente. Ayer tuvo un primer gesto relevante: la Plataforma por la Dependencia fue el primer colectivo invitado al Consejo de Gobierno. Además, la consejera de Bienestar Social reveló que son más de 30.000 los expedientes que faltan por tramitarse en la región y anunció que ya se ha iniciado el proceso para la tramitación de una nueva legislación autonómica en dependencia. Una asignatura pendiente para otoño porque el asunto no admite demoras.
Que haya querido incorporar a la directora del Instituto de la Mujer al Consejo de Gobierno no debería quedarse en un movimiento cosmético. Castilla-La Mancha ha destruido en los últimos cuatro años las políticas de igualdad, recortando instrumentos administrativos bajo el subterfugio de ajustar el gasto y eliminando casas de acogida y puntos de atención a las mujeres víctimas de la violencia machista. Es, o debería ser, un asunto de capital importancia en un Ejecutivo que se precia de centrarse en las políticas sociales.
En materia energética, García-Page se ha encontrado con dos pasteles heredados: alejar el fracking de Guadalajara y evitar que el ATC de residuos nucleares recale en Villar de Cañas. Lo primero quizá sea asequible. Lo segundo será más difícil, aunque el paso dado por la Junta de ampliar la protección medioambiental del entorno del emplazamiento del almacén de residuos ha conseguido bloquear éste. El visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear puede dejar en agua de borrajas un proyecto que ha adolecido desde el principio de la necesaria visión de Estado: Sebastián organizó una tómbola de concurso de adjudicación y Soria ha sido incapaz de ejecutar la obra tras adjudicar la sede en diciembre de 2011, en el segundo Consejo de Ministros de la era Rajoy.
Aunque signifique adoptar una posición impopular en la zona de Villar de Cañas, García-Page puede argumentar en la batalla del silo nuclear coherencia política –el PSOE de Castilla-La Mancha siempre se opuso a esta instalación- y respaldo técnico, en la medida en que no existe consenso de los científicos sobre la idoneidad de ubicar en Cuenca el ATC.
No obstante, el paso dado por la Junta con relación al cementerio atómico recupera el primer plano político nacional para Castilla-La Mancha y supone abandonar el papel de subordinación a la Administración del Estado que Cospedal trató de incardinar en su proyecto. Enric Juliana (La Vanguardia) contaba al detalle en vísperas del 24-M que los planes de Cospedal pasaban por convertir el Gobierno autonómico en una especie de diputación regional, con vocación centrípeta y vaciada de contenido político. Y, sobre todo, lejos de cualquier intento de autonomía política no digamos ya frente al Gobierno central sino ante el propio partido que lo sustenta.
El golpe en la mesa que Page ha dado con el ATC, guste o no, significa la recuperación de una cierta voz nacional que Castilla-La Mancha había apagado deliberadamente durante la última legislatura. Le queda también la reválida de los trasvases, otra guerra nacional. El jefe del Gobierno regional ya ha confirmado que la Junta recurrirá los trasvases a la Justicia –como siempre se había hecho hasta 2011- y que exigirá en septiembre la modificación de todos los planes de cuenca, incluido el del Tajo. Veremos, también ahí, hasta donde es capaz de mojarse.